Leemos en El cuarto poder un artículo de opinión de D. R. Royo-Villanova, periodista que ha trabajado en los diarios El Norte de Castilla, El Mundo de Valladolid y en gabinetes de comunicación institucionales durante casi una década. Ahora ejerce el periodismo “por libre” porque -dice- es la mejor forma de compaginarlo con su militancia en IU. Es el autor de uno de los blogs políticos de mayor éxito, A sueldo de Moscú:
(...) Se puede comprender que en su momento, los legisladores de la transición temieran un sistema político inestable, y que por ello dotaran a la naciente democracia de un sistema electoral que fomentara la centralidad política y evitara los vaivenes políticos. Han pasado 35 años, y ese sistema electoral se ha revelado extremadamente injusto. El voto de los ciudadanos pondera más o menos según su lugar de residencia o su opción política, con diferencias de hasta 7 a 1. Tras las últimas elecciones generales, el clamor fue tan generalizado que hasta el Consejo de Estado emitió un informe que recomendaba la reforma de la Ley Electoral para mejorar la representatividad y la proporcionalidad; (...) así que se formó una subcomisión parlamentaria –sólo subcomisión, que el asunto no daba para una comisión completa, hecha y derecha– que ha tardado años en concluir que el sistema electoral no sólo no se toca en el sentido propuesto (...)
(...) los dos grandes partidos –que cada día se comportan más como un gran partido único con dos caras– (...)
(...) En España, los dos partidos principales, que se erigen en guardianes de la democracia y la estabilidad electoral, los partidos que se hacen llamar a sí mismos constitucionalistas, tienen secuestrado desde hace años al Tribunal Constitucional, un tribunal que, a pesar de no tener legitimidad alguna para actuar, porque muchos de sus miembros han agotado hace años sus mandatos, tiene en sus manos actualmente importantes decisiones que pueden poner en jaque algo tan querido a la propia democracia como es la soberanía popular. (...) tribunales y el Consejo General del Poder Judicial exigen quedar fuera de la crítica social y política, (...)
Todas estas cosas, y sobre todo la actitud que está tomando cada vez más gente que antes no cuestionaba demasiado la transición, y que creía en la utilidad de la Constitución, me hacen pensar que se ha producido una quiebra de la confianza política, que se ha roto aquel consenso constitucional que a ojos de muchos era falso.
(...)
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