viernes, 19 de febrero de 2010

El vergonzoso uso partidista de la Ley Electoral

(escrito monolingüe)


Leemos en el diario El Mundo lo siguiente:

ANTEPONEN el bien propio al general. Han dado prioridad a sus ansias electorales, a evitar que su partido pierda un escaño, (...) Pero esa lucha por lograr que el peso de sus votos los lleve a liderar el Parlament que saldrá de los comicios autonómicos del próximo otoño, debería avergonzar a las distintas formaciones del hemiciclo que han participado en la pugna (...)

Las distintas formaciones políticas catalanas han sido incapaces de sentar las bases para una nueva ley electoral catalana, pese a que todos sus líderes habían diagnosticado que era necesario conseguirlo para combatir la desafección. Las razones que han esgrimido para justificar su desacuerdo no son otras que las derivadas de un reparto de escaños. CiU quería aumentar la fuerza de los votos de las zonas menos pobladas (donde ellos acostumbran a salir bien parados), mientras que el resto de partidos -con el PSC a la cabeza- abogaban por una proporcionalidad más elevada, es decir por conseguir que los votos de las áreas más pobladas -léase el Área Metropolitana- contarán más que ahora. (...) Provoca vergüenza.



Reiteramos: dígase esto para el caso de la ley electoral autonómica catalana si se quiere, repítase para el caso de la Ley Electoral General, cuyas distorsiones son aún más graves, a favor de P.P. y de P.S.O.E., en contra del resto de partidos políticos con implantación en todo el territorio estatal.

El modelo que defendía CiU "por lo que fuera", sus motivos tendrá y los ciudadanos tomamos nota, era el de que votan los territorios y no las personas. Sólo así se entiende que pretendiesen aumentar el peso de los territorios despoblados en detrimento de los poblados, conseguir que el voto de una persona, dependiendo de donde viva, valga mucho más que el de otra si vive en otra parte.

El cambio en el modelo que defendían el resto de partidos apuntaba a justo lo contrario: el voto es de las personas y no de los territorios. El voto de una persona tiene que valer lo mismo al traducirse en asientos o escaños en el parlamento que el de cualquier otra, independientemente de dónde vivan.

Debemos diferenciar las cámaras parlamentarias "populares", como el Congreso de los Diputados y las cámaras parlamentarias "territoriales", como el Senado de las Autonomías, si tomamos como ejemplo el paradigma estatal. La Ley Electoral, la autonómica y la general, deben primar la representación popular proporcional en las cámaras "populares", mientras que se puede introducir a propósito cierta distorsión que prime en mayor o menor grado la territorialidad en las cámaras "territoriales".

Actualmente, en la mayoría de cámaras parlamentarias populares está vigente un mecanismo que prima sobremanera la territorialidad. Y, en las cámaras parlamentarias territoriales, más aún.

Es la causa de que nuestro sistema, cuya letra constitucional y legal dice que es parlamentario proporcional multipartido y plural, en la práctica acaba siendo una especie de sistema presidencialista mayoritario bipartido y nada plural.

Es por eso que muchos entendemos que el sistema vigente es anticonstitucional, ya que, aun respetando técnicamente la letra de la Constitución, el requisito de derecho, la vulnera con exageración en la práctica, el requisito de hecho.

Podríamos darnos con un canto en los dientes si tuviésemos un sistema electoral como el sueco o el alemán. Tanto en Cataluña, de lo que hablaban en el artículo citado en el diario conservador, como en el Estado español.

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