Frustrado el intento de tener una Ley Electoral justa y equitativa

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Leemos en Nueva tribuna lo siguiente:

Pese a la recomendación hecha por el Consejo de Estado, el Congreso ha cerrado definitivamente la puerta a una reforma en profundidad del sistema electoral español (...) Mientras a Gaspar Llamazares su escaño le costó en las pasadas elecciones generales alrededor de medio millón de votos, a diputados como Zapatero o Rajoy –por poner un ejemplo- les bastó con alcanzar 65.000 papeletas. Esta sigue siendo una histórica reivindicación de IU que confiaba en que las cosas cambiaran con la reforma de la LOREG, que data de 1985, pero de nuevo ha visto frustradas sus expectativas.

La Comisión Constitucional del Congreso que preside Alfonso Guerra dio este miércoles luz verde al dictamen elaborado por la subcomisión parlamentaria para la reforma electoral -después de año y medio de trabajo y un total de 20 reuniones- con el voto en contra de IU-ICV y la abstención de Coalición Canaria. En el debate, los diputados Txiki Benegas y Gaspar Llamazares protagonizaron un rifirrafe y un cruce de reproches. (...) Asimismo [Llamazares] reprochó al PSOE su cambio de alianzas parlamentarias: "El Grupo Socialista ha pasado el Rubicón. Tomamos nota de que han cambiado su relación con nuestra formación y que ahora es beligerante", dijo.

”PERPETUAR UN SISTEMA ELECTORAL INJUSTO”

El voto particular emitido por IU manifiesta que en la reforma de la LOREG “resulta escandaloso que no se afronte una de las principales causas que impiden que la voluntad popular quede fielmente reflejada en la composición del Congreso de los Diputados, máximo órgano representativo”, ya que “la proporcionalidad entre la composición política del Congreso y la votación popular expresada en las urnas es una exigencia ineludible de cualquier sistema democrático”. Esta formación mantiene además que se está vulnerando el artículo 68 de la Constitución Española en el que se determina que el voto de los ciudadanos españoles ha de ser igual para todos.

IU considera que “la renuncia de la mejora de la proporcionalidad es la renuncia de los partidos políticos mayoritarios a un modelo político democrático de calidad en función de intereses coyunturales y espurios que sólo buscan perpetuar un sistema electoral injusto que les beneficia, en detrimento del básico derecho ciudadano a ver reflejadas fielmente sus opciones ideológicas o políticas”.

Tres son las cuestiones esenciales para IU: la “desigual” distribución de los escaños por circunscripción, “resultando unas provincias infrarrepresentadas (las muy pobladas) y otras subrerrepresentadas (provincias rurales)”; un asignación de escaños a las candidaturas en cada circunscripción que “impide que la fórmula electoral despliegue sus efectos de reparto proporcional”; y un resultado general de las elecciones que “contradice la voluntad popular, de manera que, teniendo más votos que otros, hay organizaciones políticas que obtienen menos escaños” .

A juicio de esta formación, la aplicación de la actual ley electoral tiene un índice de proporcionalidad muy bajo y ha originado “un gran número de votos inútiles” y “discrimina” a fuerzas políticas que compiten a nivel estatal respecto de las dos primeras fuerzas mayoritarias y las que se presentan a nivel autonómico.

En conclusión, el sistema electoral ha creado “graves distorsiones en la representación política”, dice IU, distorsiones referentes a la proporcionalidad por la “incapacidad” para reflejar la distribución real del apoyo político que reciben los partidos políticos en la distribución de los escaños. La consecuencia más inmediata es que, de acuerdo con los resultados obtenidos tras las últimas elecciones, “la tercera fuerza política en términos de votos es la sexta fuerza parlamentaria”.

En la subcomisión parlamentaria, Izquierda Unida propuso modificar la Constitución para establecer la circunscripción electoral en la Comunidad Autónoma y no en la provincia; y ampliar a 400 los escaños de la Cámara baja que permite el artículo 68.1 de la Carta Magna, de tal forma que esos 50 entraran a formar parte de lo que se ha venido en llamar “bolsa estatal de restos” que se repartirían de forma totalmente proporcional.

(...) Los cambios podrán aplicarse en las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en 2011. El PP no consiguió finalmente que en los ayuntamientos gobernase la lista más votada, mientras que CiU y PNV admitieron no haber logrado la implantación de circunscripciones autonómicas para las elecciones europeas.

Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales (...) la simplificación de la papeleta para el Senado o el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia.

El informe también contempla la prohibición de actos de inauguración en campaña electoral, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes, la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.