¿A quién servir, al ciudadano o al partido?

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Leemos en La Voz de Galicia: La reforma de la ley electoral choca con la Constitución.

A destacar:

(...)Del mismo modo, IU y UPyD propusieron la ampliación en 50 diputados del Congreso hasta llegar a los 400, y que este medio centenar de escaños se eligiera en una circunscripción única nacional. El informe del Consejo no pone pegas a esta ampliación pues mejoraría «la proporcionalidad» del sistema, pero el colegio electoral nacional mereció la misma respuesta del organismo asesor sobre la naturaleza de la circunscripción.

El informe del Consejo de Estado no pone pegas, en cambio, para otra serie de reformas como la modificación del sistema de reparto de escaños, que en la actualidad se hace de acuerdo a la ley d'Hondt. Una posibilidad muy bien recibida por IU, formación que se cree penalizada por la fórmula en uso, pero que tiene muy pocas posibilidades de prosperar porque todos los cambios propuestos en distintas simulaciones efectuados por el órgano consultivo en su estudio merman la representación de socialistas y populares que perderían, con los resultados de las últimas elecciones, entre seis y diez escaños.

El Consejo, en concreto, habla de la posible sustitución del sistema d'Hondt por otra fórmula denominada Hare, que tiene la particularidad de que los restos sobrantes en cada provincia, aquellos votos que no sirven a los partidos para asignar escaño, en vez de ir al limbo se contabilicen de forma conjunta para la asignación de los escaños adicionales.

Éste era uno de mis temores, el que la "bolsa de restos" fuese entendida como circunscripción estatal y por tanto, precisase de reforma constitucional. Puestos a ello, lo mejor es una única circunscripción estatal para todos los votos.

Destacan las bondades del método de reparto de Hare frente al actual, algo que ya he hecho yo en repetidas ocasiones desde estas páginas.

El principal medio de resolver los problemas de proporcionalidad de la actual ley electoral es, una vez más,

a) que la circunscripción electoral no sea tan pequeña como la provincia, que sea como mínimo autonómica o, lo ideal, estatal.
b) que la circunscripción no tenga un mínimo de diputados preasignados (2 en la actualidad)

Y estos son cambios que han de hacerse previa modificación de la Constitución.


Leemos en Europa Press: Bono rechaza resolver la "superrepresentación" en el Congreso cambiando la ley electoral.

Hace poco estas declaraciones del Muy Honorable Presidente de la Mesa del Congreso eran criticadas en La Trinchera Digital en términos más duros de los que yo me suelo expresar.

Dejé dicho allí:

(...)Dice el ilustre señor Bono que a él "ya le parece bien la sobrerrepresentación" que se lleva en cada comicios su grupo político, junto con el P.P. Que no cree que se deba corregir.
Es decir, al señor Bono le parece bien que yo, p.ej., como votante, tenga muy clarito que si le voto a él o a alguien del P.P. mi voto valdrá x diputados, pero que si decidiese por algún extraño motivo que posiblemente escape a su cristalina comprensión, votar a otro partido distinto, entonces mi voto sólo valdría x/7 diputados.
Esa es la democracia para don José Bono. Así debe seguir siendo.

Leemos en Público: La ley electoral que propone el Consejo de Estado prima al PP

A destacar:

(...)el Consejo de Estado propone tres cambios: elevar el número de diputados de los 350 actuales a 400, reducir la representación mínima de cada provincia a un diputado en la actualidad son dos y sustituir la ley DHondt por otro sistema más proporcional para calcular la atribución de escaños. El órgano consultivo se decanta por el método Hare que es, a su juicio, "el que aportaría un mayor grado de proporcionalidad al sistema".

(...)La subida de IU en esta simulación teórica no supone, además, la salida del Parlamento de las formaciones más pequeñas, que mantienen su representación. Además, este modelo incorporaría nuevas siglas a la Cámara. Cuatro partidos ahora no representados tendrían un diputado con los votos que consiguieron en las últimas elecciones generales. Son Eusko Alkartasuna, la Chunta Aragonesista, Nueva Canarias y la coalición nacionalista balear Unitat per les Illes.

Sin embargo, este modelo tiene pocas posibilidades de ser poco más que una formulación teórica.Una reforma de la Ley Electoral requiere ser aprobada por mayoría absoluta. A eso obliga la aritmética. La gobernabilidad política aconseja, además, el consenso de PSOE y PP. Sus reticencias, unidas a las reservas de las formaciones nacionalistas mayoritarias, CiU y PNV hacen bastante difícil que la propuesta sugerida por el Consejo acabe teniendo algún día una aplicación real.

Llega el momento de ver si esos partidos políticos citados se comportan como alguien al servicio del ciudadano o al servicio de sí mismos. La mejora de la proporcionalidad beneficia al elector. ¿Qué harán si virtualmente, puede quitarle o al menos mermar, la injusta ventaja de que gozan ahora?

Ya avisan desde el último artículo que cito de que tienen "reticencias". En el primero de ellos nos alertaban de que no estarían por la labor de hacer más justo el sistema de cara al elector, al ciudadano, ya que "todos los cambios propuestos en distintas simulaciones efectuados por el órgano consultivo en su estudio merman la representación de socialistas y populares que perderían, con los resultados de las últimas elecciones, entre seis y diez escaños". No olvidemos que esos escaños que dejarían de ganar, en realidad corresponden a votos que han ido a parar a otros partidos y el sistema actual está asignando erróneamente.

Ahora se verá quién es quién y qué defiende y a quién representa cada uno.

Bibliografía: La Voz de Galicia: La reforma de la ley electoral choca con la Constitución, Europa Press: Bono rechaza resolver la "superrepresentación" en el Congreso cambiando la ley electoral, Público: La ley electoral que propone el Consejo de Estado prima al PP.