Leemos en la página personal del Sr. Larrea lo siguiente:
Durante la época electoral debido al bipartidismo permanente con el que malvivimos en este país vecinos, amigos, compañeros... y medios de comunicación nos instan a realizar el mal llamado voto útil. O al menos eso nos indican, no alegando razones políticas, sino al sectarismo de que si no votas a SU partido, son votos tirados a la basura, que se pierden debido al sistema electoral existente.
Leemos en "Se puede vivir mejor" lo siguiente:
Se habla de modificar la Ley Electoral en España para que todos lo votos tengan el mismo valor, para que no se pierdan los restos. Es un asunto lógico si creemos en la igualdad de derechos, en que cada voto valga lo mismo. Son los partidos medianos los que más intentan modificar la ley, pues son los grandes perjudicados con la actual norma electoral.
Leemos en el diario El país lo siguiente:
En el sistema electoral español no todas las papeletas valen lo mismo: las del PP y el PSOE valen mucho más que las de IU y UPyD. Tenemos un problema: la igualdad de voto es un requisito básico de la democracia
JORGE URDÁNOZ Ganuza, profesor de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid.
24/05/2010
(...) Es rotundamente falsa la tesis que constituye el eje de la defensa oficial del sistema y que Wert recoge así: "La equidad (léase "la igualdad") no es ni puede ser la única dimensión a atender a la hora de evaluar una Ley Electoral". No, vamos a ver.
Leemos en el diario Público lo siguiente:
(...) Gregorio Peces-Barba, ex presidente del Congreso y uno de los (...) padres de la Constitución de 1978, coincidió en que la situación actual es “escandalosa” (...) Lo aseguró durante una conferencia de Cayo Lara, y en un aula de la universidad pública que él fundó en 1989, la Carlos III de Madrid, de la que fue rector durante 18 años.
Leemos en el diario El país lo siguiente:
JAVIER PÉREZ ROYO 15/05/2010
El sistema electoral es formalmente posconstitucional, pero materialmente no lo es. Fue definido por el primer Gobierno presidido por Adolfo Suárez mediante el decreto ley que reguló la convocatoria de las elecciones del 15 de junio de 1977. Todos los elementos del sistema: número de escaños, 350, la provincia como circunscripción electoral, el número mínimo de dos escaños por provincia y la fórmula d'Hondt para la traducción de votos en escaños, están en el decreto ley del 77. Y todos se han mantenido después. La provincia como circunscripción electoral y la horquilla de 300 a 400 escaños en la Constitución. Los demás, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Ni el constituyente ni el legislador posconstitucional se han atrevido a definir a través de un debate en condiciones inequívocamente democráticas una de las piezas más esenciales del sistema político como es el sistema electoral.
Leemos en La promesa de los Lagos de Pokara, recomendable página de Dº Esquirlas de Aire, lo siguiente:
Aunque parezca el título de una canción tribal, "o A, o B" es un dilema dicotómico que acota la elección a sólo dos posibilidades, como su propio nombre indica. A ustedes les han hecho creer - claro, que se preguntarán ¿quién? Luego hablamos - que viven en un entorno bipolar caracterizado por las oposiciones entre conceptos antitéticos, a saber: blanco o negro; día o noche; bien o mal; amor u odio; y cientos de dicotomías igualmente maniqueas. En realidad, bien mirado, eso es un mundo feliz, fácil y sencillo de entender, que no exige un esfuerzo intelectual consciente agotador sino más bien un cómodo dejarse llevar por las circunstancias, a sabiendas de que entre A o B, la elección es a la postre sencilla. (...)
Leemos en Crónicas de la emigración lo siguiente:
Los principales partidos políticos han llegado a un acuerdo para la reforma de la Ley Electoral (LOREG) en la que suprimen el derecho a voto a los emigrantes en las elecciones municipales manteniendo, por el momento, que puedan votar en el resto de comicios. La Subcomisión tomó este acuerdo ayer miércoles por sorpresa al no estar previsto en el orden del día de la reunión este cambio, que deberá ser ratificado ahora por la Comisión Constitucional y, después, por el pleno de la Cámara baja. La reforma se aplicará por primera vez en las elecciones municipales de 2011, y en principio afectará a los ayuntamientos y también a los cabildos y las diputaciones provinciales.
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