Leemos en Revista utopía lo siguiente:
La Ley electoral es anticonstitucional, antidemocrática, injusta e inmoral. Es intolerable y no se debe consentir. De mantenerse ésta, España seguirá sin ser una democracia plena -hoy no lo es, porque el Parlamento no representa la voluntad popular-. Dos partidos políticos que se arrogan la representación de la voluntad del pueblo, cuando no lo tienen, pues más de tres millones de españoles no están representados en el Parlamento o lo están sin que unos votos valgan igual que otros. Es decir que los ciudadanos no son todos iguales, ni tienen los mismos derechos. En las elecciones de 2008, más del 8% de los votos a las candidaturas no tuvieron representación parlamentaria o la tuvieron sin igualdad. Ello supone que el Gobierno no está elegido democráticamente. Tampoco la oposición. Por lo tanto, el gobierno salido de ese Parlamento no es democrático ni constitucional, sino impuesto a los españoles.
Las elecciones de 1977 que teóricamente daban fin a la dictadura fascista, se regularon por un Decreto Ley dictado por un gobierno franquista. Las de 1979, ya con La Constitución aprobada el 29 de diciembre de 1978, se celebraron reguladas por un Real Decreto semejante al primero, a pesar de ser ya ser constitucionales. Las de 1982 continuaron celebrándose por Decretos Ley no constitucionales. El mandato constitucional ordenando que una Ley orgánica regulase el sistema electoral, respetando su mandato no se cumplió hasta ocho años después de aprobada La Constitución con la aprobación de La Ley electoral del 20.04.1986. Sin embargo, esta Ley electoral que aún rige las elecciones en España -después de 33 años-, es una reproducción igual en lo fundamental del primer Decreto Ley dictado por el último Gobierno franquista y no respeta La Constitución.